Por parte de España2000 se ha detectado la existencia de ciertas irregularidades en la construcción de la mezquita de la Plaza Siglo XXI de Onda, por lo que ha exigido al equipo de gobierno del PP que aclare esta situación.
Cabe destacar que en Marzo de 2012, España2000 presentó una moción en el Ayuntamiento de Onda, para que la mezquita existente fuera clausurada y se trasladara fuera del casco urbano, ante los problemas de convivencia que se generaban. Esta moción se encontraba avalada con 1.050 firmas de vecinos de Onda, que entendían que la mezquita era un problema y no podía estar en el pueblo. Esta moción fue rechazada por todos los concejales de PP y PSOE, eludiendo admitir el problema de convivencia que suponía la mezquita.
Asimismo, España2000 convocó una manifestación a la que acudieron más de 500 personas, en la que no se produjo ningún incidente, a pesar de la alarma social que trató de crear el alcalde y tratar de prohibir su celebración hasta el último minuto.
Tras estas acciones, el alcalde de Onda, Salvador Aguilella, pese a los votos en contra habidos y sus comentarios indicando que el problema no existía, comenzó unas negociaciones con la comunidad islámica para trasladar la mezquita fuera del casco urbano, admitiendo de esa forma lo reclamado por los vecinos de Onda y trasladado por España2000 al Pleno Municipal.
En lo que refiere a las ilegalidades detectadas, se ha podido conocer que el Ayuntamiento de Onda no ha concedido la pertinente licencia de obras, la cual requiere a todo vecino que realiza obras similares, sin que este extremo le haya importado en exceso a la comunidad islámica para realizar su mezquita. Asimismo, se observa que se está instalando una cubierta de Uralita de amianto, las cuales están prohibidas desde 2002.
Ante estas irregularidades detectadas, así como existir importantes dudas relacionadas con la legalidad de la situación de los trabajadores, desde España2000 se ha solicitado que con carácter de urgencia se paralicen las obras de la mezquita, de manera conforme a la legalidad vigente y se verifique como se están infringiendo las diversas normativas, tanto estatales, autonómicas como municipales.