Mientras el mundo entero afirma luchar encarnecidamente contra el terrorismo islamista y se invierten ingentes cantidades en medios humanos y materiales, al tiempo que están en juego muchas vidas, en la España del “vamos saliendo de la crisis y ya se ven los brotes verdes” la lucha antiterrorista y contra el crimen organizado en general, no podían escapar a la precariedad y a la privatización de servicios públicos esenciales, como es la seguridad pública.
Según noticias aparecidas en los medios, muchas investigaciones que realiza el servicio de intérpretes del Cuerpo Nacional de Policía, se encuentran actualmente paralizadas, sin atreverse ningún responsable del Ministerio del Interior a confirmarlo ni ha desmentirlo, por un conflicto laboral entre empresas adjudicatarias del concurso público de traducción e interpretación en Madrid, ya que una de ellas se niega a subrogar los contratos con los traductores que están actualmente colaborando en investigaciones, debido a que hasta ahora, muchos de estos traductores estaban trabajando sin la titulación de grado en traducción e interpretación que se requiere, sobre todo en idiomas menos comunes como es el árabe, exponiéndose a ser sancionados en una auditoría de la Inspección de Trabajo por intrusismo laboral.
No olvidemos que este tipo de investigaciones son muy minuciosas y largas en el tiempo, y no se puede sustituir a un traductor de un día para otro, unido a que son puestos que requieren de una gran confianza por parte de los funcionarios policiales, y a los que se exige firmar una cláusula de confidencialidad; no sería la primera vez que un traductor acaba procesado por colaborar o por querer extorsionar al investigado.
Con lo que, con el famoso nivel 4 antiterrorista y con cerca de dos millones de musulmanes cruzando nuestras fronteras, una parte vital de las diligencias, como es la traducción de las escuchas, se encuentran en manos de empresas privadas, que cambian se alternan entre ellas cada dos años, con trabajadores con sueldos en torno a los 900 €, ya que estas empresas subcontratadas se llevan el 50% de los honorarios de los traductores, muchos de ellos sin la titulación habilitante; no disponiendo los cuerpos policiales de un cuerpo de traductores propio; así las cosas, sólo nos queda confiar en las bonanzas aún no demostradas de la Alianza de Civilizaciones o esperar que los malos no lean estas noticias y sobre todo cruzar los dedos para que no pase nada.