1 de Mayo 2015. Día del Trabajo.
La precariedad y la pobreza han aumentado en España de forma exponencial en los últimos años. Afectan cada vez a más españoles y se han hecho más persistentes en el tiempo.
Esta situación no es una consecuencia irremediable de la crisis económica, como pretenden convencernos los sucesivos gobiernos y las élites económicas. El empobrecimiento de la población, está ligado a las medidas, leyes y reformas, que se han ido perpetrando contra los españoles, justificadas en el marco de las llamadas políticas de austeridad. Medidas que se han centrado en los intereses de la macroeconomía y no en las necesidades reales de los españoles. Medidas que amparan los abusos de los mercados y que tienen en la clase política, su mejor aliado para desmantelar el estado del bienestar y las estructuras nacionales, en aras de un neoliberalismo, extremamente agresivo y deshumanizado.
Bajo estas premisas, la intervención en el mercado de trabajo español de los sucesivos gobiernos, nacionales y europeos, arroja un saldo desastroso. Sus consecuencias han sido la destrucción del empleo de calidad, un descenso vertiginoso de los salarios, la precarización de las condiciones de trabajo y una casi absoluta desaparición de facto de los derechos laborales, acompañada por el constante recorte de los derechos y recursos sociales.
Ni populares, ni socialistas, ni independentistas, son capaces de asegurar allá donde gobiernan, las condiciones mínimas de vida y derechos fundamentales de la mayoría de la población. Probablemente porque ese nunca ha sido su objetivo. Millones de españoles se enfrentan a un día a día dramático, embarcados en una economía de subsistencia y desamparados ante el paro prolongado, la pérdida de ingresos, el agotamiento de las prestaciones o la pérdida de su vivienda.
Los cantos de sirena electoralistas, auguran en los últimos meses una incipiente recuperación económica, basada en datos estadísticos cocinados por la prensa amiga y camuflados en el análisis del corto plazo. Sin embargo las señales económicas y sociales siguen siendo demoledoras. La realidad es tozuda y desmiente los eslóganes electorales. El análisis del mercado de trabajo, presenta por sí mismo, una radiografía muy exacta de la realidad social española.
El desempleo es uno de los mayores problemas a los que se enfrenta el país. Según fuentes sindicales, solo en torno al 44% de la población en edad de trabajar está ocupada actualmente. Más de 5,5 millones de personas que quieren trabajar y no pueden hacerlo. El índice de paro de nuestro país se encuentra casi en el 24% y en el caso de nuestros jóvenes, la cifra se dispara hasta el 51%. Casi dos millones de hogares españoles, tienen todos sus miembros en paro.
El desempleo se está haciendo crónico. Los parados tienen grandes dificultades para volver a encontrar trabajo. Más de 3,5 millones de personas desempleadas en el año 2014, arrastraban durante un año o más esta situación, lo que representa 6 de cada 10 personas en paro. En la misma fecha, 2,4 millones de demandantes de empleo llevaban 2 años o más buscando un trabajo. La evolución de este último segmento, visto desde la perspectiva temporal, nos revela la devastadora caída de nuestro mercado laboral, desde el comienzo de la crisis y las medidas de ajuste, pues ha pasado de suponer del 10,7% sobre el total de parados en el año 2008, al 42% en el año 2014.
La calidad y remuneración del trabajo existente, es precaria. Uno de los marcadores fundamentales a la hora de evaluar el estado salarial del mercado, es el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). En España un 33% de trabajadores tienen un salario inferior o igual al SMI.
La temporalidad y el trabajo por horas, se han convertido en otro de los ejes de la precariedad. Así, 9 de cada 10 contratos son temporales y 1 de cada 3 a tiempo parcial. La duración media de los contratos de trabajo en 2014 fue de 54 días, y el 25% duró tan solo una semana.
La suerte de contar con un trabajo remunerado, no implica escapar de la pobreza. España es el tercer país de la Unión Europea (UE), en nivel de pobreza de su población ocupada. El 12% de la población que tiene trabajo, sobrevive en hogares con rentas inferiores al denominado umbral de la pobreza.
Muchos españoles, a pesar de estar perfectamente integrados en el mercado laboral, no pueden evitar la pobreza y la privación de bienes y servicios de primera necesidad. Esto se debe no solo al bajo nivel salarial, sino al fracaso de las políticas, que deberían tener un papel determinante en la redistribución de la riqueza. Muy al contrario, han logrado que España sea el país de la UE con mayor diferencia entre los trabajadores asalariados con mayores y menores ingresos. Llegando el grupo superior, a percibir una remuneraciones 39 veces superiores al del grupo inferior.
Las prestaciones por desempleo son cada vez más insuficientes. Se debe a dos factores fundamentales. En primer lugar a las reformas de los sucesivos partidos gobernantes, que han limitado vía legislativa su acceso y han reducido las prestaciones. Y en segundo lugar, el empleo existente, al ser peor remunerado, genera menores cotizaciones y con ello menor derecho a prestación.
El número de hogares sin ingresos, o con ingresos insuficientes sigue creciendo. Gran número de las familias españolas se ven obligadas a vivir al día. No pueden asumir gastos imprevistos. Acumulan retrasos o impagos en partidas familiares básicas, como las relacionadas con la alimentación, salud, la infancia o vivienda. El índice AROPE se emplea para medir la pobreza y la exclusión social en Europa. En España este indicador se sitúa alrededor del 27% de la población. La cifra resulta aun más alarmante, cuando sabemos que los cálculos se rehacen continuamente y que la cantidad de ingresos que se utiliza para determinar el corte en la estadística (ingresos mínimos para considerar a una persona o familia en el límite de la pobreza), es cada vez menor. Esto significa no solo que cada vez hay más pobres, si no que estos lo son en mayor medida. Cada día que pasa, hay más españoles que viven con menos recursos.
Los resultados en el tejido social español son catastróficos. 32.000 familias han sido desahuciadas el año pasado. España, es el segundo país de la UE con mayor tasa de pobreza infantil y este porcentaje aumenta año tras año. La cifra varía ligeramente en función del organismo que interprete los datos, pero todos ellos dibujan un panorama desolador. Según los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida realizada por el INE, la tasa de pobreza infantil durante los años 2012 y 2013 ha alcanzado valores próximos al 27%. Padecer pobreza durante la infancia, trae como consecuencia una mayor vulnerabilidad social y económica en la edad adulta. Tiene un reflejo directo en la futura calidad del empleo de los afectados, en su nivel educativo e incluso en su estado general de salud.
El gobierno atiende antes al sistema financiero que a las personas. Mientras durante el último ciclo electoral del Partido Popular, se reflotó a la banca con millones de euros, los precios dependientes del Gobierno no han hecho más que subir, incluso en las necesidades más básicas. La oposición en el Parlamento, ha cifrado recientemente estas subidas en un 52%, los medicamentos, el gas un 10%, el agua un 16% o la electricidad un 13%.
El mercado de trabajo y el sistema de coberturas sociales, se ven gravemente desbordados por causa de una inmigración desorbitada, que presiona a la baja salarios y derechos laborales. La población radicada en España, ha aumentado en más de 7 millones de personas, desde que se inició la llegada masiva de inmigrantes. El crecimiento en los años de bonanza artificial con la burbuja inmobiliaria, trajo un aumento de la población activa, disparatadamente superior a la creación real de empleo. El flujo de inmigrantes a España, ha sido el mayor de Europa tanto en números absolutos y como en términos relativos en relación a la población nacional.
España recibió el 50% de toda la migración que se instaló en la UE en el período de 2000 a 2009 según Eurostast. El crecimiento fue tan excepcionalmente alto, que supuso un incremento de población del 1,6% anual. Un ritmo de crecimiento similar al de África del Norte en el mismo período, propio de los países en vías de desarrollo y no de los países del llamado primer mundo.
Aunque se nos informa constantemente del descenso del número de inmigrantes debido a la crisis, este es solo constatable a partir del 2013 y apenas es significativo. Según datos del Real Instituto Elcano, la principal vía de reducción del número de extranjeros en España ha sido la nacionalización. Según el Real Instituto, un tercio de todos los inmigrantes extracomunitarios que residen hoy en España, ya han obtenido la nacionalidad española. En 2014, la ligera disminución del número de inmigrantes empadronados en España, se debió en un 78% a la marcha de ciudadanos comunitarios.
Las cifras de la realidad no dejan lugar a dudas. De no poner remedio, seremos testigos del desmantelamiento de los Estados, tal como los conocemos. Unos Estados en los que ya pocos creen y a los que muchos comienzan a considerar como ajenos y alejados, sino abiertamente contrarios a sus intereses. Pero estos Estados constituyen la única defensa posible contra la pérdida de derechos y la mundialización.
Se está dirigiendo a la población a comportamientos individualistas. La solidaridad se ejerce a distancia en países lejanos, regentada desde las tribunas de lo políticamente correcto y concebida como válvula de escape de las consciencias bien intencionadas. Pero esta solidaridad es proscrita, e incluso perseguida mediática y judicialmente, si es ejercida con nuestros propios vecinos y compatriotas.
Las sucesivas reformas laborales ejercidas por el gobierno de turno, se han realizado con la connivencia de todos los partidos del arco parlamentario. No podemos esperar que la solución venga de ninguno de ellos, ni de unos sindicatos subvencionados y silenciados. Porque ellos son parte fundamental del problema. Lejos de crear empleo o de redistribuir las rentas, han provocando el trasvase cada vez mayor de las rentas del trabajo al capital. Han desmantelado las redes de protección social, hasta hacer al Estado incapaz de asegurar unas condiciones dignas de vida. Han traído precariedad, pobreza, exclusión y desigualdad.
La solución al problema es impracticable desde la simple adopción de medidas económicas de mayor o menor calado. Si bien contamos con ellas y pueden ser evaluadas una a una en nuestro programa, España requiere una transformación global en su modelo de relaciones sociales y relaciones laborales nacionales e internacionales.
Una transformación que como indica el programa de España2000, llegará de la mano de “una defensa acérrima del Estado Nacional, frente a las políticas mundialistas que actualmente rigen tanto España como el resto de Europa. La adopción del Estado Nacional, su soberanía política, una política económica de carácter productivo alejada de la economía especulativa, además de unas políticas claras en asuntos exteriores y el establecimiento de aranceles, deben ser los ejes de una alternativa nacional para la recuperación económica y social de España. Sin una protección de nuestra economía e industria a través de decisiones tomadas de forma soberana, es imposible darle un vuelco a la triste situación en la que vivimos.
Estas políticas son el muro de contención frente a la ideología mundialista, que está consiguiendo homogeneizar a todos los pueblos del globo terráqueo imponiendo la sociedad multicultural, la cual es un fracaso desde su inicio. El objetivo de la mundialización es eliminar todo vestigio de identidad nacional, por lo que a través de la inmigración masiva y la deslocalización de empresas a lugares donde se trabaja en condiciones de semiesclavitud, se trata de imponer el poder del libre mercado y valores internacionalistas.”
El 1 de Mayo no debemos sumarnos a la burla, ni unirnos a los protestan airadamente contra las medidas del último gobierno de turno. Los mismos que han participado activamente durante décadas en este proceso. Es momento para determinar causas y responsabilidades.
La mundialización y los intereses de las élites económicas que la impulsan, son incompatibles con la sociedad que deseamos. Una sociedad libre y democrática, justa y próspera. Una sociedad cohesionada y segura, capaz de garantizar su propio futuro. Por ello hace tiempo que emprendimos la tarea de poner en marcha un movimiento político, social y cultural, que sea el cauce para asegurar la calidad de vida y la continuidad de generaciones de españoles que deben sucedernos, en un futuro distinto, que todavía hoy es posible.
Manuel Leal