Nuestro presidente nacional, José Luís Roberto, ha estado sufriendo pena de banquillo por un presunto delito de odio por la concentración celebrada el 18 de Diciembre de 2020 contra la invasión islamica. Hasta tres veces han archivado y vuelto a abrir el procedimiento por la insistencia de la fiscal jefe de delitos de odio: Susana Gisbert. (Con esa obsesión habría que plantearse quién es la que odia en este caso).
Hoy, la Audiencia Provincial de Valencia, sin posterior recurso, entiende que las expresiones que se vertieron sobre el peligro de crecimiento de la población islamica en España y su incompatibilidad con la democracia no son un delito de odio, sino una manifestación de la libertad de expresión.
La verdad solo tiene un camino.