Ante el incomprensible silencio del Alcalde-Presidente y de los grupos municipales del Ayuntamiento de Zaragoza tras la colocación de una bandera inconstitucional, como es la tricolor oficial de la IIª república en España, que el concejal y portavoz de Izquierda Unida realizó la pasada semana… España2000 Aragón no puede permanecer por más tiempo impasible ante la dejación de funciones del Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza, permitiendo acciones contrarias a la Ley.
La Constitución Española en su artículo 4, a tenor literal dice:
1. La bandera de España está formada por tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas.
2. Los Estatutos podrán reconocer banderas y enseñas propias de las Comunidades Autónomas. Estas se utilizarán junto a la bandera de España en sus edificios públicos y en sus actos oficiales.”
La Ley 39/1981, de 28 de octubre, regula el uso de la bandera de España y el de otras banderas y enseñas en el exterior e interior de los edificios o establecimientos de las administraciones públicas; siendo cristalina al respecto. En ninguno de sus artículos se encuentra la permisividad de colocar banderas anticonstitucionales en lugares preeminentes, como es el balcón del Ayuntamiento.
Independientemente de las ideologías y sensibilidades de cada uno, lo que sí resulta imperativo es el cumplimiento de la Ley.
Acciones como la realizada por José Manuel Alonso Plaza -concejal y portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Zaragoza- están, sin duda alguna, al margen de la Ley.
Desde el punto de vista jurídico, supone una flagrante vulneración tanto de la Ley de Banderas como de la Constitución Española; el concejal y portavoz de Izquierda Unida del Ayuntamiento de Zaragoza infringió directa y personalmente preceptos imperativos contenidos en normas con rango de Ley.
¿O acaso el concejal y portavoz de IU se siente amparado para su incumplimiento?
La respuesta es fácil… incumple la Ley porque conoce que no hay voluntad ni autoridad para hacerle cumplir el ordenamiento jurídico; con lo cual se permite el lujo de violar la Ley que está obligado a respetar y obedecer como ciudadano y como integrante de los poderes públicos.
España2000 Aragón dada su situación de libertad e independencia quiere elevar su reiterada, amarga pero firme protesta contra lo que parece una peligrosísima, inadmisible, intolerable y total dejación de funciones por parte de los poderes públicos en relación con estos hechos que se vienen produciendo.
España2000 confía, y espera, en que tanto el Gobierno de Zaragoza como quien tiene la más alta función constitucional para ello, adopten todas aquellas medidas que sean precisas para que se imponga el imperio de la Ley y se aplique el rigor de la misma a cuantos, de una u otra manera, actúen conscientemente fuera de la Carta Magna -no obstante estar obligados a cumplirla y hacerla cumplir-.
La Junta Regional de España2000 Aragón