El pasado sábado, 7 de marzo, se realizó un reparto de alimentos para familias españolas en Massamagrell. Se repartieron más de 700 kilogramos de alimentos de primera necesidad que sirvieron de ayuda a nuestros compatriotas más desfavorecidos.
La organización de este acto fue comunicada en tiempo y forma a la Delegación de Gobierno tal y como requiere la Ley Reguladora del derecho de concentración y manifestación. En este caso, Delegación de Gobierno no se pronunció, ni prohibiendo el acto ni haciendo ningún tipo de variación a la solicitud, por lo que el acto se entiende aprobado por este organismo a través del silencio administrativo positivo, según dispone la legislación aplicable.
Sin embargo, instantes antes de iniciar el acto, acudió al lugar, una dotación de la Policía Local, solicitándome que se procediera a la suspensión de dicho acto puesto que la Alcaldía, había emitido un Decreto en el que prohibía la realización de este reparto en la vía pública.
Ante una incómoda situación, tuve que manifestarle al agente mi disconformidad con ello, y la decisión de continuar con la celebración de lo previsto, puesto que el ayuntamiento no es el órgano competente para prohibirlo y, de haberse opuesto, lo tendría que haber hecho ante la Delegación de Gobierno en el plazo de audiencia, de 72 horas, que se les otorga para formular alegaciones.
Por tanto, lo que estábamos haciendo era valernos de nuestro derecho fundamental, siempre dentro de la legalidad y, por ello, la única forma de impedirlo, si así lo consideraban las autoridades policiales, era llevarnos detenidos, advirtiendo que seguidamente interpondríamos las pertinentes acciones legales Que lo que íbamos a hacer era el ejercicio de un derecho constitucional y fundamental y que el impedirnolo debería ser a la fuerza y llevándonos detenidos con la consiguiente denuncia por nuestra parte de la comisión de varios delitos graves. Recomendé al agente, que solicitara a sus superiores las oportunas aclaraciones antes de proceder a tomar una decisión, y ante esta situación, el agente me solicitó el DNI, a fin de identificarme, por si procediera imponer alguna sanción y se despidió muy amablemente.
Sinceramente, la situación me parece esperpéntica. Es sorprendente ver como políticos de un mismo partido no se ponen de acuerdo y se creen que el ayuntamiento es su cortijo particular y que las leyes están para dictarlas “in situ” y como les venga en gana.
Los dirigentes del Partido Popular están muy equivocados y, en esta comunidad, han perdido la autoridad moral para todo. Si creen que van a impedirnos lo que por derecho nos corresponde, siguen equivocándose, pues con una buena organización por parte del Hogar Social Patriota María Luisa Navarro, conseguimos repartir los alimentos sin ningún incidente y, con evidentes muestras de agradecimiento por parte de los beneficiarios, como se puede comprobar al visualizar los reportajes de los medios de comunicación que cubrieron dicho acto.
Mi agradecimiento a la junta local de Massamagrell por su buen hacer y eficacia.
José Luis Roberto