La Sanidad Pública en España no es una, sino muchas.
Desde que la comunidad autónoma de Cataluña hace ya más de 20 años recibiera las competencias en exclusiva en materia de sanidad, hasta las últimas comunidades (Extremadura, Castilla la Mancha y Asturias) hace unos 6 años, cada comunidad ha hecho y deshecho con la sanidad lo que a los políticos de turno les ha venido en gana.
Esta situación nos ha llevado a que un ciudadano español tenga una sanidad pública diferente en cada comunidad autónoma con unos recursos sanitarios diferentes e incluso unos gastos diferentes.
Unos españoles pagan el “copago”, otros no, en unas comunidades subvencionan unas determinadas vacunas, en otras no, unas tienen su propio calendario de vacunación, en otras cuentan con la tecnología y medios más avanzados y en otras sufren verdaderas carencias.
El número de camas por habitante varía en cada región (Valencia 2,69 camas por cada 1.000 habitantes, Cataluña 4,50).
Unas comunidades apuestan por privatizar solo el mantenimiento o la cocina o la lavandería…y otras apuestan por privatizar los hospitales al completo.
Pero uno de los datos más preocupantes es la cantidad que invierte cada Comunidad, desde los 1.523 euros por persona del País Vasco a los 1.003 de Baleares con diferencias de hasta 500 euros.
Otro aspecto que nos preocupa en España2000 es la privatización de la gestión de la contratación del personal sanitario de hospitales y ambulatorios. Dejar en manos privadas como ya se está haciendo, la contratación del personal sanitario, conlleva que estas empresas privadas en su lógico afán de obtener el mayor beneficio económico posible, antepongan el beneficio a la calidad y opten por la “mano de obra barata”.
Esta mano de obra, en muchos casos procedente de países menos desarrollados, tiene una formación al menos diferente a la de los médicos y diplomados en enfermería que salen de las universidades españolas, de los cuales, cada vez más, optan por irse al extranjero donde son mejor valorados que en España, es decir, en España formamos con nuestros altísimos impuestos a médicos y profesionales sanitarios que son muy apreciados en el resto del mundo y a los cuales nosotros nos permitimos el lujo de despreciar, y desgraciadamente si esto continúa en esta progresión, hará que dejemos de ver médicos españoles en hospitales españoles. Mala labor hace un Estado si renuncia a gestionar la atención sanitaria de sus ciudadanos, no podemos acabar con la sanidad pública a cambio del beneficio de unos pocos.
Y sobre todo, un Estado responsable, no puede permitir que los españoles dependiendo de en qué región vivan, disfruten de unos servicios diferentes, al contrario, todos los españoles deben ser beneficiarios de las mismas atenciones y los mismos derechos sea cual sea su lugar de residencia.