A día 13 de Diciembre nos hemos despertado con una nueva “idea” del Partido Popular, y es que el Gobierno de Mariano Rajoy, tiene la intención de cobrar por los traslados en ambulancia que no sean de carácter urgente. Frente a esta nueva propuesta la clase política, sigue disfrutando de enormes privilegios, exenciones tributarias e incluso transporte gratuito en coches de alta gama con chófer.
¿Cuáles pueden ser las consecuencias de la obligatoriedad del pago de esta tasa-impuesto por el transporte en las ambulancias?
Las empresas del sector del transporte sanitario, ya han dado la voz de alarma sobre las terribles consecuencias que puede tener la imposición de esta nueva tasa-impuesto. Desde reducción de personal, ya que con la actual situación económica, la mayoría de familias optarán por trasladar ellos mismos a sus familiares para evitar el referido pago, incluso asumiendo el peligro que ello pueda suponer para el propio enfermo, así como una precarización de un servicio social que ya ha sido pagado con anterioridad por los ciudadanos mediante vía impuestos, IRPF, IVA, etc.
De esta tasa, sólo estarán exentos los afectados por el síndrome tóxico, los discapacitados con una pensión y las rentas de integración (generalmente inmigrantes) o parados sin prestación.
Aunque el texto de la reforma es preliminar, ya podemos ir observando como una vez más las intenciones del Gobierno es solucionar los problemas a golpe de talonario de todos los españoles.
Las “ideas” del PP están costando cada vez más dinero a los españoles, y se están perjudicando los grandes servicios sociales y nacionales de los que disfrutaba España desde hace años, y todo ello beneficiando a terceras personas ajenas y sin vinculación a España.
Asimismo, distintas asociaciones como por ejemplo la Federación de Asociaciones para la Lucha contra las Enfermedades del Riñón y la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), han criticado públicamente ésta medida, y han dado a entender que no es una medida de ahorro, sino una mera medida recaudatoria.
Por todo ello, desde España2000 nos oponemos rotundamente a esta nueva medida del Gobierno del Partido Popular, por perjudicial y confiscatoria, y reafirmamos que el sistema sanitario debe ser un público y gratuito para los españoles.