Al comienzo del proceso de vacunación conocimos el caso de algunos políticos, cargos públicos y liberados sindicales que saltándose el protocolo se vacunaron contra el COVID-19 antes de lo que les correspondía.
España 2000, a través de su gabinete jurídico, actuó con rapidez y presentó, el pasado 16 de Febrero, una denuncia para esclarecer si los hechos obedecían a un posible delito de tráfico de influencias, prevaricación, malversación o apropiación indebida.
Ahora, gracias a nuestra denuncia, la fiscalía ha abierto una investigación penal al detectar indicios de un posible delito.
Desde España 2000 esperamos que se llegue al fondo de la cuestión y los culpables sean condenados con arreglo a la ley.
