En estos tiempos que vivimos en que los medios de comunicación dominan la sociedad e Internet propaga las noticias de forma vertiginosa, la vida política es exhibida día a día en cada hogar y sus acciones llegan prácticamente a cada uno de los ciudadanos de un país. Los políticos deben tratarse de personas honradas con un muy loable objetivo: servir al pueblo. Sin embargo, parece que en las últimas decadas en España este objetivo se ha olvidado y se ha cambiado por estafar al pueblo.
Un panorama desolador dentro de nuestra clase política que demuestra que nos encontramos ante un sistema podrido y caducado, en el que se necesitan medidas que solucionen y erradiquen de forma radical estas deplorables prácticas. Si cada día nos llega a nuestra casa noticias de que la clase política que dirige en el país es corrupta, que roba de las arcas públicas, que se enriquece ilícitamente y que nunca es condenada ante un tribunal, ¿qué miedo va a tener el que desvalija una vivienda?, ¿cómo va a confiar un ciudadano que el ladrón sea castigado cuando se han robado millones al pueblo y no ha pasado nada?.
La única forma que existe para que se terminen estas prácticas en nuestro país y que las ya detectadas sean castigadas de forma ejemplarizante, es imponer:
- Consideración del delito de corrupción como delito de especial gravedad al afectar a toda la comunidad y no tratarse de un simple delito contra particulares.
- Aumentar las penas por corrupción.
- Expropiación de los bienes del corrupto y del entorno familiar. El patrimonio privado de un corrupto debe ser embargado para satisfacer la cantidad sustraída al pueblo.
- Establecimiento de una ley de financiación de partidos y sindicatos que elimine las subvenciones públicas y clarifique las aportaciones recibidas, además de que sitúe a los partidos como responsables civiles subsidiarios de sus afiliados.