La Junta Nacional de España2000
EXPONE
La Sección primera de la Audiencia Provincial de Castellón ha condenado al ex presidente de la Diputación y del PP de Castellón, Carlos Fabra, a cuatro años de cárcel por cuatro delitos contra la Hacienda Pública entre los años 1999 a 2003 y también ha condenado a su ex mujer, María Amparo Fernández, a dos años de cárcel por dos delitos contra la Hacienda Pública.
El ex líder del PP de Castellón, según el fallo judicial, deberá pagar una multa de 693.00 euros e indemnizar a Hacienda en la misma cantidad y su ex mujer tendrá que asumir 274.000 euros de multa e indemnizar a Hacienda en la misma cantidad.
RECUERDA
Que éste no es un caso aislado de corrupción ni localizado en la región valenciana, sino que es un caso más de los que inundan toda la geografía española, y que acechan especialmente a los grandes partidos con representación en el Congreso.
DENUNCIA
Que estos “grandes” partidos son parte fundamental del problema, se han convertido en una casta política estafadora, que busca su beneficio personal y partidista, en lugar de buscar y proteger los intereses de los españoles.
AFIRMA
Que estos partidos son los que nos han llevado a la actual crisis social y económica, no se trata de un problema de un líder en concreto, sino que queda constatada la crisis del actual sistema de 17 reinos de taifas, el descontrol del dinero público en beneficio de unos pocos, así como el empeoramiento de la calidad de vida de todos los trabajadores españoles.
REPROCHA
Al gobierno y oposición sus actitudes de permisividad, silencio, y falta de autocrítica, así como su ineficacia e ineptitud a la hora de atajar la corrupción en sus propias filas, o en las instituciones que dirigen.
EXIGE
Que se separen de una vez por todas, de forma clara, los tres poderes, sancionando, juzgando y condenando a aquellos políticos que pretendan y/o produzcan injerencias en las instancias judiciales así como en cualquiera de sus órganos. Así como se aprueben reformas en el Código Penal que incluyan la no prescripción de los delitos de corrupción y que el corrupto y los que se han beneficiado de sus corruptelas, respondan con su patrimonio.