La largamente esperada dimisión de Ana Mato ha precedido en apenas unas horas al anuncio en el parlamento de nuevas medidas anticorrupción. Ana Mato era una ministra políticamente muerta, no desde que estalló la crisis del Ébola, ni cuando cedió a la presión de la industria farmacéutica para eliminar determinados medicamentos de la lista de subvencionados por la Seguridad Social para sustituirlos por otros más caros, sino desde el momento mismo en el que fue nombrado a la vista de su relación directa con la trama Gürtel. Lo que debería dar credibilidad a las medidas anticorrupción era precisamente forzar la dimisión de la Mato. Sin embargo, una vez oído el discurso de Rajoy en el Parlamento quedan algunas sensaciones indelebles que confirmar.
Vamos extraer algunas conclusiones breves sobre la situación de la corrupción en España y lo que implica:
- Ya existe legislación anticorrupción porque existe un código penal. Bastaría con voluntad política para erradicar la corrupción, pero eso implicaría restar a “la política” del atractivo que tiene para la clase política: la posibilidad de lucrarse rápida, abundantemente y con poco esfuerzo.
- No se trata de combatir “ahora” a la corrupción sino de haberla combatido desde hace 36 años. Hoy es inevitable reconocer que apenas se ha hecho nada contra la corrupción –al menos nada esencial, nada radical, nada necesario– en ningún nivel de la administración.
- No se trata ya de legislar sino de enviar corruptos a la cárcel. Se investiga a pocos políticos. Se imputa a menos. Se juzga a menos aún. Pocos resultan ser culpables y siempre cuando median entre 10 y 15 años de los hechos juzgados. Muchos se salvan por la prescripción de los delitos. Nunca, absolutamente nunca, devuelven lo sustraído. Y nunca cumplen íntegramente la pena de prisión.
- No se trata ya de reforzar el arsenal legal, sino el policial y el judicial para investigar y juzgar casos de corrupción. Una legislación extremadamente dura y completa sin posibilidades de aplicarse ágil y rápidamente, equivale a no tener legislación. Investigaciones policiales boicoteadas por el Ministerio del Interior y juzgados sin medios ni personal suficientes para conseguir que los casos de corrupción terminen en sentencias en firme, son el pan de cada día y la realidad cotidiana del régimen.
- No es que la corrupción afecte a “unos pocos políticos” sino que las cúpulas de los partidos están todas carcomidas por la corrupción. El Caso Pujol, los Casos Gürtel y Púnico, el Caso ERE–UGT–PSOE andaluz, por citar sólo a los más conocidos, no proceden de las “bases” sino de las cúpulas de los partidos implicados. La lógica aristotélica implica que si la cúpula está podrida por la corrupción, toda la estructura del partido lo está.
- No es que haya unos partidos más corruptos y otros menos, es que el sistema político en su actual configuración favorece la corrupción. Vale la pena no olvidar que una de las instituciones afectadas por la corrupción es, precisamente, la Casa Real, considerada por la Constitución como la cúspide del Estado y del entramado constitucional.
- La corrupción es la característica axial del sistema político español nacido en 1978, como el caciquismo lo fue de la Restauración, el caos de la II República o la ausencia de partidos y de libertades políticas estuvo ligada al franquismo. Cada época, cada régimen, tienen sus rasgos característicos y la corrupción generalizada lo es de este tiempo.
- Hoy, cualquier intento por parte del PSOE, del PP, de CiU o del PNV, de luchar contra la corrupción son iniciativas increíbles llegan tarde, demasiado tarde, para ser creíble. Cualquier medida que no incluya la no prescripción de los delitos de corrupción, la confiscación de los bienes de los corruptos y de su entorno familiar, penas de idéntica dureza contra los testaferros, imposibilidad de acogerse a beneficios penitenciarios en caso de no devolver las cantidades sustraídas, etc, es inútil. Y nada de todo esto es contemplado por las nuevas medidas anticorrupción.
- La clase política no se ha dado cuenta todavía de la brecha que separa el “país real” del “país oficial” porque todavía hay gente que les vota. Pero ese apoyo disminuye de día en día. Es precisamente el ascenso de nuevas fuerzas políticas lo que ha forzado a Rajoy a establecer las “nuevas medidas” anticorrupción en un intento desesperado (y lamentable) de evitar la sangría de votos de los grandes partidos.
- En este contexto, las acusaciones que los medios del régimen han lanzado contra Podemos por corrupción apenas son otra cosa que chistes malos (el cobrar sueldos no declarados de 1.500 euros, el ganar 50.000 la compañera de Iglesias en una “operación especulativa”, el que el padre de la compañera de Iglesias tiene casa de protección oficial con piscina, o el recibir ayudas de Venezuela, son malos chistes.
Estas conclusiones se resumen en una sola:
La corrupción es una muestra más de la iniquidad ética y moral que se ha instalado en España al paso con la Constitución de 1978. No puede superarse esta etapa triste y lamentable –mucho más en tiempos de crisis– sin dejar atrás, como un enésimo fracaso de nuestra historia, el orden instaurado desde 1978.
E. Milà