Un juez investiga si hubo omisión del deber de perseguir delitos, prevaricación, denegación de auxilio, encubrimiento y abandono de la menor.
La joven de la que abusó sexualmente el exmarido de Mónica Oltra ha presentado una denuncia contra tres funcionarias de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas y la directora del centro de menores donde ocurrieron los hechos. Teresa T. M., que fue madre hace dos meses con 18 años, acusa a las cuatro personas de omisión del deber de perseguir delitos, prevaricación, denegación de auxilio, contra la integridad moral, encubrimiento y abandono de un menor.
Según la denuncia, que ya ha sido admitida a trámite en un juzgado, responsables del centro de acogida, psicólogas, funcionarias y altos cargos de Igualdad tuvieron conocimiento de los abusos en febrero de 2017 y durante varios meses omitieron su deber de denunciar. En lugar de ello, La joven de la que abusó el exmarido de Oltra denuncia a la Conselleria de Igualdad por seis delitos.
También derivaron a la niña tutelada a un centro psicológico privado que realizó un informe con información reservada, aplicaron un protocolo elaborado por el propio abusador y la directora del centro, permitieron que el exmarido de Oltra y la menor convivieran en el mismo centro, y dejaron que la Policía llevara a la víctima con las manos engrilletadas al juicio por abusos sexuales, según la denuncia admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia.
Las cuatro personas denunciadas son Isabel S. M., directora territorial de Valencia de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas cuando tuvieron lugar los hechos; Isabel D. M., directora del Centro de Acogida Niño Jesús; Inmaculada M. H., psicóloga de la Sección del Menor de la Conselleria de Igualdad; y María José N. M., funcionaria de la Conselleria de Igualdad que instruyó el expediente.
La denuncia afirma textualmente que pesa la sospecha «de si el parentesco del acusado con la vicepresidenta y portavoz del Gobierno Valenciano y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra Jarque, pudo pesar en el ánimo de las que tenían la responsabilidad de defender y salvaguardar la integridad física, moral y sexual de la niña tutelada».
Aunque la Abogacía Generalitat tiene que defender en los juicios a los menores tutelados, sin perjuicio de las competencias que le puedan corresponder al fiscal, el abogado de la víctima, José Luis Roberto, sostiene que lo único que hizo Isabel S. M. «fue dar un paso más en la victimización de la niña con la tramitación de un expediente para determinar la certeza de las declaraciones de la adolescente». Además, el informe fue remitido a Fiscalía al cabo de dos años y «casualmente» el día antes del dictado de la sentencia por el juicio de abusos sexuales. «En lugar de denunciar los abusos sexuales, la única iniciativa que adoptó la representante legal de la menor fue ordenar la instrucción del sesgado expediente informativo», añade el letrado.
Respecto a la directora del centro de menores, el abogado de Teresa señala que tampoco denunció los hechos ante el Grupo de Menores de la Policía Nacional ni informó a la Fiscalía de Menores. Isabel D. M. emitió unos informes de incidencias que son «una clara muestra del intento de desacreditar a la niña, dedicando mucho más esfuerzo a mostrar el aspecto más negativo de su carácter que a confirmar la realidad de sus manifestaciones y dar traslado a quien tenía que valorar su credibilidad», asevera la denuncia.
Desprotegida y menospreciada.
Teresa, su pareja y su bebé de dos meses residen en la vivienda de un familiar. La joven ha solicitado una ayuda social a la Generalitat, pero su expediente «todavía se está tramitando», señalaron fuentes de la Conselleria de Igualdad.
Teresa se sintió desprotegida y menospreciada desde el primer día que denunció los abusos sexuales, porque la directora del centro de menores Niño Jesús y otros responsables de la conselleria no dieron credibilidad a su testimonio.
La sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia reprocha a la Generalitat su actuación «a partir de su inicial percepción (consigna en realidad) de que Teresa es una menor problemática, mentirosa e incluso violenta», ya que olvidaron que en 2017, cuando ocurrieron los hechos juzgados, «era una niña de 14 años presuntamente abusada».
Según el tribunal, «solo las personas ajenas al ámbito de la conselleria dotan de credibilidad el relato de la menor, en tanto que todas las testificales del personal del centro de menores y la conselleria que trataron a la joven se la niegan (la certeza de los hechos), apreciándose también aquí un claro sesgo de confirmación en toda la actuación de dicha conselleria».
Tras valorar el fallo judicial, el abogado de la joven presentó la denuncia por cinco delitos contra los funcionarios que perjudicaron a la víctimas con sus decisiones. La sentencia afirma que un «informe reservado» y otro del Centro Espill «podrían estar animados por un interés de exculpar o aminorar una eventual responsabilidad de la Generalitat al haberse producido los abusos por un educador en un centro dependiente de la conselleria.
Además, el tribunal recuerda la «dependencia entre las autoras del informe y la Administración que les hace la encomienda». El desinterés de los responsables de la Generalitat también fue criticado por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.