Toda norma jurídica nace con la ambición de prolongar su vigencia eternamente. Le pasó a la Ley Orgánica del Estado, la última “ley fundamental” emitida por el franquismo en 1967 y que apenas estuvo en vigor diez años y le vuelve a ocurrir a la Constitución Española que desde 1978 rige los destinos de nuestro país y acaba de cumplir los 35 años. El problema es que, desde poco después de su promulgación, ya a mediados de los años 80, la Constitución Española, como decía la canción de Dylan, “está vieja y enferma cuando apenas acaba de nacer”. Desde entonces el deterioro de la norma Constitución ha proseguido de forma acelerada y sin pausa. Lo que hoy queda de la Constitución de 1978 es un despojo fétido, un esperpento responsable del marasmo político, económico y social que vive nuestro país.
Vale la pena recordar lo que nos ha traído la Constitución:
1. Debilidad del Estado.- El gran drama de España –algo que se percibe perfectamente desde el extranjero- es que nuestro país tiene una identidad extremadamente fuerte (y que cabalga con la lengua española en todo el mundo, lo que hace completamente inútiles los esfuerzos de ciertas autonomías por convertir sus “casas regionales” en embajadas en el exterior), pero un Estado extremadamente débil. El sistema diseñado en 1978 por los malhadados “padres de la Constitución” se basaba en un bipartidismo imperfecto que en situaciones en los que uno de los dos grandes partidos (de centro-derecha y de centro-izquierda) que se repartirían el poder permanentemente beneficiados por un sistema electoral a todas luces injusto, en caso de no tener mayoría absoluta, podrían recurrir a la alianza con un tercer y un cuarto partidos de carácter regionalista: la famosa “banda de los cuatro” (PP + PSOE + CiU + PNV), verdadero “partido único” que desde hace 35 años se reparte el poder. Esto implicaba el que la arquitectura constitucional, desde un principio, otorgaría un excepcional peso a las autonomías llamadas “históricas” (especialmente a Cataluña y al País Vasco y en menor medida a Galicia), lo que no estaba previsto es que luego, el hecho de que UCD no tuviera mayoría en ninguna de estas comunidades hizo que generara otras en el famoso café para todos que terminó por desintegrar la unidad del Estado en 17 taifas autonómicas.
2. Fin del Estado del Bienestar.- El bipartidismo imperfecto hizo todo lo demás: en situaciones de mayoría minoritaria, los partidos de centro-derecha y centro-izquierda debieron literalmente entregar su alma a los nacionalistas catalanes y vascos para poder gobernar y ambos fueron adquiriendo ventajas, acentuando la desigualdad inter-territorial y preparando el camino para la centrifugación final del Estado. Pocos estados europeos son en estos momentos tan débiles y quebradizos como el español. El Estado es hoy un perro enfermo al que, como es habitual, todo se le antojan pulgas. En tiempos de bonanza económica, más o menos ilusoria, el mantenimiento del Estado de las Autonomías era simplemente un problema de tira y afloja, de negociación entre el Estado central y cada autonomía; sin embargo, desde el momento en el que la crisis ha proyectado su sombra sobre el país, ese Estado de las Autonomías está literalmente devorando los restos del Estado del Bienestar: porque ambos son completamente incompatibles. El Estado de las Autonomías alimenta a las clases políticas regionales de tal manera que para ser viable debe realizar recortes de derechos sociales adquiridos por la población.
3. Primacía de la economía sobre la política.- Tal como está estructurada la Constitución española permite la existencia de un Estado débil, esto es de un “poder soft”. El Estado Español muestra diariamente esta debilidad al ser incapaz de imponer condiciones a los fondos de inversión para impedir que en estos momentos compren parcelas completas del país. Tanto el PSOE como el PP, como los dos partidos nacionalistas, asumen los principios de la economía liberal con mínimos matices: todos ellos aceptan que el Estado (encarnación jurídica de la sociedad y de la Nación) debe inmiscuirse lo menos posible en asuntos económicos, principio que implica el que la población está inerme ante las grandes concentraciones de capitales, son ellas las que dictan las reglas del juego económico y las que imponen sus condiciones a la sociedad. Por eso no puede extrañar que desde que está en vigor la Constitución los salarios hayan perdido poder adquisitivo, el capital haya optimizado sus beneficios, se hay asistido a una serie ininterrumpida de recortes sociales y los rendimientos del trabajo tributen cada vez más en relación a los rendimientos del capital. Todo eso se ha producido porque el Estado es débil para afrontar al poder económico, el cual cada vez dicta condiciones más radicales que la “banda de los cuatro” aplica, acepta y asume con fidelidad perruna.
4. Pérdida de soberanía.- En 1978 se alardeaba de que después de 40 años sin elecciones democráticas se aproximaba un período en el que constantemente el Estado recurriría a la opinión de la población para seguir sus designios mayoritarios. Se trataba de otra mentira que acompañaba a la colección de ambigüedades, mentiras y falsos mitos presentes en el articulado de la Constitución. Pronto se vio que la Ley d’Hont y el sistema electoral generaban un déficit representativo insuperable, se vio que el gobierno no estaba en absoluto dispuesto a convocar referéndums y que los programas a los que votaba el electorado ningún partido tenía intención de cumplirlos. El poder democrático se vio comprimido desde mediados de los años 80 por una tenaza formada por dos fuerzas: la adhesión a la Unión Europea y la influencia de los centros de decisión económicos. Lo primero fue el resultado de una negociación mal llevada y lo segundo de la concepción misma del Estado implícita en la Constitución. El resultado de esta tenaza ha sido la pérdida de soberanía del Estado y la pérdida de representatividad democrática. Desde mediados de los años 80, los gobiernos españoles han dejado de ser autónomos y de trabajar para mejorar las condiciones de vida de los electores: son más bien siervos del poder económico y tienen limitada su soberanía por una superestructura que nadie ha elegido en votación democrática alguna: la Comisión Europea, que cada vez absorbe más competencias del gobierno de la nación que, al menos, sí ha sido elegido democráticamente.
5. Partidocracia.- Si algunos rasgos impuestos por la Constitución han desembocado en un gobierno plutocrático efectivo (es decir, en un gobierno del dinero y de sus gestores), por otra parte, se ha consolidado una forma de partidocracia (lo que se ha dado también en llamar “la casta”) compuesta por los estados mayores de los distintos partidos políticos que, enfeudados en los distintos niveles administrativos del Estado, dedican la parte del león de los recursos de esa administración en su propio beneficio. El interés nacional hace tiempo que ha dejado de ser el objetivo a alcanzar por la “banda de los cuatro” que no se ha forjado otro objetivo más que el de aumentar los beneficios de la casta. Esto hace que el poder político, el cual acepta las imposiciones del poder económico (la “casta” no es más que el delegado a través del cual el poder económico logra el mayor rendimiento para el capital), a su vez, tienda a explotar sistemáticamente a la población para beneficiarse a su vez de los recursos del Estado.
6. Corrupción incontrolable.- Desde el arranque mismo de la Constitución la corrupción anidó en el interior mismo del sistema y hoy constituye un cáncer presente en todos los niveles administrativos y en todas las jerarquía del Estado: desde la Casa Real hasta las concejalías, desde los ministerios hasta la última consejería, desde la gran empresa hasta el trabajo negro realizado por grupos desfavorecidos. La corrupción hoy, como el caciquismo durante la restauración monárquica del siglo XIX, es el elemento más característico del período constitucional actual. Ni uno solo de los escalones del Estado, ni uno solo de los poderes del Estado se ve libre de este cáncer que solamente es conocido por la opinión pública en una cantidad infinitesimal y que en la actualidad resulta imposible erradicar sin aplicar leyes de excepción que un poder “blando” no está por supuesto en condiciones de establecer, sin olvidar que nunca en la historia un político ha aprobado una ley que le perjudique a sí mismo…
7. Vacío de poder y debilidad de todos los poderes.- La corrupción, la prelación del poder económico sobre el poder político, y la existencia de múltiples centros de decisión cada uno de ellos descarga su responsabilidad sobre los demás en momentos de crisis, hace que, finalmente, lo que haya traído la Constitución sea precisamente la negación del principio de Montesquieu de la división de poderes: los tres poderes han dejado de funcionar y lo que es peor, los tres poderes nunca, ni siquiera en los años de “juventud” de la Constitución, han sido jamás independientes, todos ellos han estado controlados por la cúpula del partido en el gobierno en cada momento: el poder legislativo no ha sido más que una caja de resonancia, una especie de “yes man” del gobierno, los diputados anónimos, sin voz y sin rostro, pero con emolumentos, prebendas e inmunidad, beneficiados por derechos sociales y económicos que desdicen la igualdad del sistema, ni han fiscalizado la acción del gobierno, ni han redactado leyes como hubieran debido, ni han representado a nadie más que a ellos mismos; el poder ejecutivo hace mucho tiempo que ha dejado de estar en manos de técnicos y expertos, para residir en manos de amigos de los líderes del partido en el poder, al margen de sus cualidades presuntas o reales y así se han producido los gigantescos errores políticos y económicos de las últimas décadas; en cuanto al poder judicial, salvo honrosas excepciones, siempre ha tenido a los partidos políticos como extremadamente cuidadosos a la hora de elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional para que siempre se produjera una correlación de fuerzas en su interior que no generase contradicciones con el poder ejecutivo. El resultado ha sido que ninguno de estos tres poderes cumple su función. Esto, unido a la falta de centros claros de imputación, a las taifas autonómicas y a la falta de autoridad de la clase política, genera el penúltimo problema derivado de la Constitución de 1978: el vacío de poder.
8. Inseguridad generalizada.- La novedad de las dos últimas décadas reside en que por primera vez en la historia de España desde la Segunda República, la inmensa mayoría de la sociedad española vive en una situación de inseguridad: inseguridad en su futuro y en el de sus hijos, inseguridad sobre la supervivencia de las conquistas del Estado del Bienestar, inseguridad sobre la moralidad de la clase política, inseguridad ciudadana generada por la delincuencia llegada de todos los extremos del planeta ante la permisividad de la clase política, inseguridad ante las próximas decisiones de éste y de los gobiernos que seguirán siempre propensos a beneficiar a los poderosos a costa de las clases modestas, inseguridad en el trabajo y seguridad de que una vez perdido costará mucho obtener otro, inseguridad de las familias, inseguridad ante la persistencia de una crisis que desde hace siete años se nos dice que será corta y que no lleva camino de resolverse porque la globalización y la pérdida de soberanía que implica ha hecho que incluso un gobierno razonable y volcado a mejorar las condiciones de vida de su pueblo, encontraría dificultades de todo tipo para imponerse, inseguridad en nuestra defensa territorial encomendada a unas fuerzas armadas cada vez más carentes de medios y puestas solamente al servicio de aventuras coloniales en los países más remotos del planeta… la inseguridad ha terminado siendo la ley de hierro de la Constitución de 1978: quien vive en una situación de inseguridad, vive inmerso en el miedo constante a perder una situación estable y a contemplar la posibilidad de ver degradarse su situación personal. Quien tiene miedo a perder su trabajo, quien teme que la cicatería del Estado en su jubilación, quien ve cernirse el fantasma amenazador de las privatizaciones o la impunidad ante amnistías encubiertas a asesinos en serie y la falta de respuesta del Estado a la delincuencia, no puede ser libre jamás, ni puede ejercer ningún derecho de manera afectiva. Quien tiene miedo no es libre. Por eso, contrariamente a la tópica declaración de principios insertada en la Constitución, nosotros afirmamos que el primer derecho humano es la seguridad y que sólo de la existencia de seguridad deriva la posibilidad de ejercer cualquier otro derecho.
Pero hay una buena noticia… que no es tan buena
Desde hace más de 30 años se nos ha repetido por activa y por pasiva que la Constitución era inamovible, que era una norma para toda la eternidad. Sin embargo, en 2011 vimos como para responder a las exigencias de la Unión Europea, la Constitución “inamovible” era modificada en una tarde por votación conjunta de PP y PSOE… Así pues, la buena noticia es que esta Constitución no es más inamovible que cualquier otra anterior. Solamente los intereses de la clase política y del poder económico, sus principales beneficiarios, hace que el cadáver putrefacto de la Constitución aparezca como maquillado y gozando de buena salud.
Cuando un vestido tiene una mancha se pone en la lavadora y la mancha desaparece, pero cuando el vestido se ha transformado en un harapo fétido, deshilachado y harapiento, resulta inútil someterlo a un programa de lavado: lo que hay que hacer es tirarlo al basurero más próximo. Tal es el problema de nuestra Constitución: es irreformable en profundidad porque los partidos que deberían reformarla, perderían con esa reforma su privilegiada situación… así pues siempre encontrarán las razones para defender el tejido constitucional harapiento y desgastado. De hecho, ni PP ni PSOE abogan por una “reforma constitucional”, para ellos, el actual marco jurídico es “inmejorable”, lo que traducido quiere decir que ningún otro les ofrecería tantas garantías para medrar como éste.
En cuanto a los partidos que piden “reformar la Constitución” o “cumplirla”, se equivocan: esta Constitución ya ha dado de sí todo lo que podía dar. Tratar de “cumplirla” o “reformarla” equivaldría a meter el harapo en la lavadora, del cual saldría todavía más deshilachado. Rosa Díez y Albert Rivera se equivocan: esta Constitución no tiene remedio, es insalvable, es un mal recuerdo de un período ominoso en nuestra historia que nos ha situado en el atrio de catástrofes por llegar aún mayores.
El drama estriba en que mientras se prolonguen los actuales equilibrios de fuerzas, y mientras subsista el miedo, la pasividad y la apatía en la sociedad española, no existirá fuerza social suficiente como para desencadenar un proceso constituyente capaz de dotarnos de una nueva arquitectura constitucional.
A partir de principios de los años 80, la sociedad civil española fue diluyéndose progresivamente. Con el asociacionismo reducido a la mínima expresión, las ONGs dependientes de los dineros del poder, los sindicatos comprados al peso, los medios de comunicación expresión en manos de los consorcios detentadores del capital y convertido en voz de su amo, los focos de resistencia que podrían proponer un proceso constituyente son minúsculos y carecen de peso político. Así pues, tenemos Constitución para rato… lo que implica que nuestro país está y estará dirigido durante mucho tiempo por un “fuego fatuo”, resultado del cadáver constitucional en descomposición.
Hasta en esto la Constitución de 1978 ha sido una tragedia: como el perro del hortelano, ni come ni deja comer, esto es, ni muerta termina de dejar que se la entierre. Porque no lo neguemos, la legitimidad de un régimen nunca viene impuesta por los principios que dice defender de manera teórica, sino por la defensa efectiva que hace de esos principios, por su eficacia demostrada diariamente en la práctica, por la seguridad que genera en la ciudadanía, esto es, por todo aquello que hoy está ausente del panorama político español.
Así pues, el próximo día de la Constitución, ¡no hay nada que celebrar!
Ernesto Milà