Más de 300 políticos están imputados en casos de corrupción distribuidos por todo el territorio español y especialmente en Cataluña, Baleares y la Comunidad Valenciana, seguidas de cerca por otras regiones como Andalucía y Galicia.
A esto hay que sumar la corrupción en distintas entidades financieras como Bankia o la Caja de Ahorros del Mediterráneo(CAM), de cuyos consejos de administración formaban parte políticos y sindicalistas de todo pelaje.
Los casos de corrupción afectan a todos los niveles de la administración y las investigaciones salpican a exministros como José Blanco, relacionado con la Operación Campeón o a Rodrigo Rato, por su etapa en Bankia, como a dirigentes autonómicos y numerosos alcaldes.
Alguno de los casos más extensos de corrupción descubiertos al amparo de una comunidad autónoma son los abiertos en Baleares y que suman un centenar de imputados de cargos públicos.
La mayoría tuvieron lugar durante la legislatura de Jaume Matas, imputado por alrededor de una docena de casos relacionados con la corrupción y la financiación irregular del PP balear durante su mandato. También la Casa Real está salpicada gracias a Urdangarín y su Instituto Noós.
También en el ámbito autonómico son numerosos los casos abiertos en la Comunidad Valenciana. De hecho, en las Cortes autonómicas hay nueve diputados del PP con imputación formal por casos relacionados con delitos de corrupción, mientras que Pedro Hernández se vio obligado a renunciar a su escaño tras ser condenado por su gestión al frente del ayuntamiento de Torrevieja.
Hace apenas un mes dimitió también en la Comunidad Valenciana José Manuel Vela como consejero de Hacienda por la filtración de documentos. Diversos altos cargos de la administración de Camps están implicados también en los numerosos casos abiertos en la comunidad, entre los que destacan la operación Gürtel, Orange Market o el caso Noós.
Otro de los procesos con más repercusión pública durante los últimos meses es el de los EREs de Andalucía, en el que hay imputadas cerca de 70 personas entre ellas el consejero de Empleo de la Junta, Antonio Fernández, el viceconsejero Agustín Barberá, los directores generales de Trabajo y Seguridad Social, un parlamentario socialista o el delegado provincial de Empleo.
A esto se suman casi un centenar de alcaldes de toda España que están siendo investigados, varias decenas de concejales también implicados en escándalos municipales. La mayoría de los regidores están imputados por delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude o tráfico de influencias, casi todos por causas relacionadas con el urbanismo y la adjudicación de obras públicas, destacan los casos Pretoria o Mercurio, abiertos en Cataluña, o Gürtel, en la Comunidad de Madrid
En algunos casos, la corrupción afecta al seno de los partidos políticos. En Cataluña tenemos el “problema del 3%” alusión que se hizo el parlamento catalán al cobro del 3% por parte del PSC, ERC e Iniciativa de toda operación empresarial que se efectuara en Cataluña, tenemos a los hermanos Pujol que han amasado una gigantesca fortuna y está abierto el caso Millet, que estudia la financiación irregular de CiU a través del Palau de la Música y del enriquecimiento de la cúpula de esta institución cultural barcelonesa, mientras que el PP a nivel nacional y prácticamente todos sus dirigentes están salpicados por el tesorero Bárcenas y sus millones de euros en cuentas suizas y americanas.
Dentro de los casos que están siendo investigados en España hay que destacar los del Bankia y la Caja de Ahorros del Mediterráneo, en los que están imputados miembros de sus consejo de administración que han ostentado cargos públicos, entre ellos los exministros Rodrigo Rato y Ángel Acebes, secretarios de Estado, diputados o alcaldes.
También está en manos de la Audiencia Nacional investigaciones sobre el Banco de Valencia, Novacaixa Galicia y Caja Castilla-La Mancha.
Como podemos comprobar la lista es interminable, hay muchos casos más pero que por falta de espacio no podemos detallar y en la memoria aún tenemos, y no nos olvidamos de los Filesa, el GAL y PSV que servían para financiar al PSOE.
Todo un catálogo de corrupción, todas las administraciones implicadas desde ayuntamientos, comunidades autónomas, gobierno y casa real. Podemos pues afirmar que el problema es por tanto del sistema, un sistema que ha nacido corrupto y que para que se acabe con esa corrupción, el sistema, este sistema corrupto, debe darse por finiquitado.
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