Desde hace unas semanas vemos en los distintos medios de comunicación lo que llaman el “conflicto de los estibadores”, debido a la reforma de la Ley de Puertos que planea el Ministerio de Interior para, según el ministerio, cumplir con la normativa de la Unión Europea. Esta reforma de ley supondrá la liberalización del sector portuario español, poniendo en peligro el trabajo de más de 6.000 estibadores en todo el territorio nacional.
Como en la mayoría de los casos en los que el gobierno atenta contra los derechos de los trabajadores, en esta ocasión vemos que detrás de esta polémica reforma de la Ley de Puertos, se encuentran haciendo presión instituciones financieras como JP Morgan y grandes empresas de servicios portuarios (Grupo Algeposa, Bergé, Ership, Gup TCB, Noatum, Grupo Toro y Betolaza, Boluda Corporación Marítima, Marítima Dávila, Grupo Nogar, Stasa, OHL Concesiones, Erhardt y APM Terminals).
Estas grandes empresas, proponen medidas que atentan gravemente contra los derechos laborales de los trabajadores de la estiba portuaria, tales como una reducción salarial de hasta un 60% o la gestión de la contratación de los estibadores por parte de Empresas de Trabajo Temporal, todo ello, según estas grandes empresas para “mejorar la competitividad en los puertos”.
Debido a esta situación el colectivo de estibadores, a través de sus sindicatos han iniciado una serie de movilizaciones, para evitar que acaben con sus puestos de trabajo y sus derechos laborales. Tras una reunión entre trabajadores y empresarios con la mediación del gobierno en la que no se ha llegado a un acuerdo, los sindicatos de los estibadores han convocado huelgas para los días 6, 8, 10, 13, 15, 17, 20, 22 y 24 del próximo mes de marzo.
Ante este conflicto, los medios de comunicación al servicio de las grandes élites financieras no han dudado en llevar a cabo una campaña de criminalización de las protestas de los estibadores, llamando “privilegios” a lo que en realidad son derechos conseguidos por este colectivo gracias a su determinación y lucha social. El objetivo de esta campaña mediática de criminalización no es otra que provocar una división en la clase trabajadora española, provocando que un trabajador precario que cobra 900€ al mes vea como “privilegiados” a aquellos trabajadores que tienen mejores condiciones laborales que ellos gracias a sus movilizaciones, en vez de tomar ejemplo de ellas y luchar por mejorar sus condiciones de trabajo.
Desde España2000-Respeto entendemos que la defensa de la nación debe ir ligada a la justicia social y a la defensa de los trabajadores, frente al sistema dominado por las grandes multinacionales y por el capital financiero transnacional y su economía especulativa que sólo busca el beneficio económico a costa de la miseria y la esclavitud. Por ello exigimos al gobierno y más concretamente al ministro de Fomento Íñigo de la Serna, que escuche las reivindicaciones de los sindicatos de estibadores, que respete sus derechos laborales y que no ceda a las presiones de las grandes empresas que quieren liberalizar el sector. Así mismo apoyamos al colectivo de estibadores en su lucha por defender sus puestos de trabajo y sus derechos laborales, pues son un ejemplo para todos los trabajadores españoles que desde hace años llevan sufriendo la precarización de sus condiciones de trabajo y la continua pérdida de sus derechos como trabajadores.